La Ley Whistleblowing apenas tiene 5 meses de vida y el 62% de las empresas ya han recibido denuncias
Entre las empresas españolas que ya han puesto en marcha el canal de denuncias, seis de cada diez registraron al menos una denuncia en los últimos 12 meses, aunque el 41% recibió menos de 10 denuncias.
En febrero se aprobó la Ley de Protección al Informante (conocida Ley Whistleblowing), por la cual las empresas de más de 50 trabajadores deben contar con un canal de denuncias a través del cual poder comunicar infracciones normativas y que el informante esté protegido. En este sentido, debe garantizar que se pueda hacer de forma anónima y sin represalias.
Y el pasado 13 de junio se cerró el plazo para que las empresas de más de 250 empleados, así como todas las entidades públicas (excepto municipios de menos de 10.000 habitantes), dispusieron de un sistema de información interno.
El 79% de las organizaciones de nuestro país ya cuenta con un canal de denuncias. No obstante, España se encuentra 6 puntos por debajo de la media europea (85%) y de otros países como Francia (95%) o Alemania (82%).
En la mayoría de las ocasiones, los empleados no son los únicos con acceso a estas plataformas de denuncia. El 79% de las compañías las pone también a disposición de proveedores, clientes, socios y accionistas, garantizando así una mayor transparencia en las relaciones de la compañía con sus stakeholders.
Conflictos entre empleados, incumplimiento normativo y corrupción, las principales denuncias
Los motivos de estas denuncias son diversos, pero siempre relacionados con la convivencia, la transparencia económica o el respeto por valores comunes como la protección del medio ambiente.
Así, según el estudio de EQS, la mitad de las denuncias en empresas españolas estaban vinculadas con conflictos entre el personal y que necesitaron de la intervención de recursos humanos, el 15% con violaciones de las normas sociales y los derechos humanos y el 13% con la corrupción.
Objetivo: cumplir la ley
La principal motivación de estas empresas que han puesto en marcha medios para comunicar infracciones ha sido el cumplimiento de la ley (78%), seguido del interés por desarrollar una cultura corporativa o entorno más transparentes (66%).
En España, el hecho de implementar canales de denuncias ha sido ampliamente adoptado por las empresas, con el 75% de ellas habiéndolo establecido desde hace más de un año, en previsión de la Ley española que surge como resultado de la Directiva UE 2019/1937 de Protección de los Denunciantes, impulsada en 2019.
No obstante, esta anticipación y compromiso por parte de las empresas españolas se hace más evidente con el número de empresas que han implementado este canal de denuncias desde hace más de tres años, siendo el 50% de ellas. Al mismo tiempo, la encuesta refleja que el 58% de las empresas encuestadas han realizado cambios en su estructura y políticas internas para adaptarse adecuadamente a la Ley de Protección al Informante, demostrando así un compromiso continuo con la promoción de una cultura de denuncia y la protección de los denunciantes dentro del entorno empresarial.
Aunque las empresas aún deben hacer un esfuerzo por cumplir con los requisitos de la Ley de Protección de Informantes, los datos sobre la adopción de un canal de denuncias son positivos y presentan un panorama empresarial comprometido con la transparencia y la protección de los valores éticos comunes, tanto a nivel europeo como en España. El siguiente reto al que se enfrentan las empresas paso será trabajar para reducir el número de denuncias, creando un entorno que garantice la convivencia dentro de las empresas, a la vez que mejora su relación con la sociedad con políticas honestas y promoviendo las buenas prácticas" asegura Murray Grainger, Country Manager
Autor: Annais Paradela, de EQS Group en España.
Fuente: observatoriorh.com