La Administración, las empresas y otras organizaciones deben tener un Canal de Denuncias
Uno de los primeros plazos de la normativa
nacional sobre la protección de las personas denunciantes de corrupción cumplió el pasado 13 de junio de 2023. La Administración y las empresas con más de 250
trabajadores deben habilitar Sistemas Internos de Comunicación, también llamados Canales de Denuncia.
La norma entró en vigor el pasado mes de marzo de 2023 marzo y supone la transposición de la Directiva Europea 2019/1937 de la protección de las personas denunciantes de corrupción, más conocida como Directiva Whistleblowing. En ella se regula la protección de quienes informen sobre infracciones normativas.
La ley regula qué hechos pueden ser objeto de denuncia.
Los Canales de Denuncia deben estar implementados obligatoriamente en la Administración Pública al completo; es decir, en las instituciones y ayuntamientos, –por ahora de municipios con más de 10.000 habitantes–. También en universidades, partidos y sindicatos y en empresas de más de 250 empleados.
El Canal de Denuncias es un medio que permite a los trabajadores, proveedores, clientes y otras personas físicas o jurídicas relacionadas con la empresa u organización, comunicar o denunciar infracciones cometidas en su seno:
- Conductas irregulares o ilícitas.
- Malas prácticas reales o sospechosas.
- Cualquier violación de las obligaciones de cumplimiento corporativo producidas en el ejercicio de la actividad empresarial.
El Canal de Denuncias sirve para identificar y denunciar irregularidades, malas prácticas o la mala administración de una organización y ayuda a una correcta gestión empresarial.
Los trabajadores, proveedores o clientes de una empresa u organización pueden alertar de manera confidencial y anónima sobre cualquier ilegalidad que se produzca en ella.
Cualquier persona que detecta un
incumplimiento de la ley puede comunicarlo para que la administración o
la empresa lo investigue o lo resuelva.
La ley establece que la Administración y las empresas deben nombrar a un responsable de su Canal de Denuncias.
Si no se cumple con la obligación de implantar el Canal de Denuncias, la norma nacional contempla importantes multas. Al considerarse infracción muy grave, podrían oscilar entre los 600.000 y el millón de euros.
Muchas empresas ya cuentan con planes de cumplimiento corporativo, parece lógico que su
responsable sea también el del Canal de Denuncias.
Las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menos de 250
trabajadores, al igual que los Ayuntamientos de municipios con menos de
10.000 habitantes, tendrán hasta diciembre de 2023 para implementar el Canal de Denuncias y cumplir con la normativa
nacional.