LA CUSTODIA COMPARTIDA

31.10.2018

Los divorcios suponen un doble fracaso: por un lado, el de los padres que ven deshecho su proyecto; y por otro, el de los hijos, a los que se derrumba su estructura familiar. En toda ruptura familiar están en juego derechos económico-patrimoniales y otros tres, tan fundamentales o más, que también se deben proteger, como son los derechos de los hijos a tener un padre y una madre; el derecho de la madre a tener a sus hijos, y el derecho del padre a tener a sus hijos. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial reflejan datos asombrosos. En los divorcios de matrimonios con hijos menores, el 84% de las custodias en España se atribuyen a las madres, en un 7% la custodia es para el padre u otros, y en un 9% se concede la custodia compartida. La custodia compartida en España todavía es una medida excepcional, a pesar de que el Tribunal Supremo ha dicho que debería ocurrir al contrario.

Los hijos de padres divorciados están más expuestos a sufrir el "Síndrome de Alienación Parental" (SAP), aún no aceptado como trastorno por la comunidad científica, y descrito como un fenómeno que afecta a niños que de forma permanente denigran y rechazan sin justificación alguna a uno de sus progenitores negándose a tener trato con él. Su inventor, el perito-psiquiatra en casos de divorcio Gardner, lo describió como un proceso en el que un progenitor -generalmente la madre- utiliza estrategias para transformar la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Todavía el SAP no suele admitirse como argumento de prueba pericial en los juzgados de familia.

Los padres y los hijos tienen el derecho a la educación. No existe el derecho de los padres a manipular psicológicamente a sus hijos. Los niños están expuestos a manipulaciones mentales por sus padres divorciados y a que los lancen como arma arrojadiza en las batallas que puedan tener uno contra el otro. En el 74% de los casos de menores que sufren el SAP el progenitor alienado es el padre; es decir, que esto ocurre en 7 de cada 10 años que lo padecen.

Expertos en derecho de Familia sostienen que la custodia compartida parece el modelo que mejor previene el SAP, porque permite a los hijos estar con contacto con su padre y con su madre, y facilita que los propios críos se forjen una imagen no distorsionada sobre la realidad de cada uno de ellos, sin prejuicios ni sometimientos a procesos de lavado de cerebro. Si algún día el SAP se incorpora a los manuales de Psiquiatría, además de un trastorno en los hijos, puede ser también un delito. Nuestro Código Penal protege el derecho a la integridad psíquica. Algunos países ya tienen normas que impiden a un adulto divorciado obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, y castigan las interferencias en la formación psicológica de los niños y adolescentes promovidas por uno de sus progenitores, o sus familiares y custodios, para que repudie al otro. En España tenemos un serio problema en materia de derecho de Familia, y es la dificultad para encontrar leyes neutrales, que no estén coloreadas ideológicamente, con las que se puedan atajar de verdad problemas sociales graves. Los políticos creen que cambiando las leyes se modifica la realidad de las cosas, y con esta fórmula mágica convierten el derecho en un arma ideológica a su servicio. Así ha ocurrido recientemente con la regulación de las nuevas formas de convivencia, tratando de casar conceptos esencialmente incompatibles, como son el de "matrimonio" y el de "homosexual". Con tales obras de arte jurídica desfigurativas, quienes nos trajeron al mundo, antes llamados "madre" y "padre", vienen a sustituirse por los fantasmas impersonales y desconocidos de "progenitor A" y "progenitor B".

Curiosamente, para ciertas corrientes feministas no parece que la custodia compartida sea la opción que más respeto merece, cuando en realidad es la que mejor protege los derechos de cada una de las partes que sufren un proceso de divorcio y mejor previene el SAP. La Constitución Española obliga a defender la igualdad, pero no sólo la de hombres y mujeres, sino también la igualdad efectiva de las funciones de "padre" y "madre".

Antonio García-Berbel

Abogado | Doctor en Derecho